En toda la
Provincia de Huelva desde muchos años atrás, donde ya metido en el año de 1982,
se encuentra una crítica por el abandono que sufre esta materia fascinante
enclavada dentro de la Historia y la Arqueología, por parte de don Jesús L.
Fernández Jurado del Servicio Provincial de la citada materia, expresada de
la siguiente manera en el diario Odiel:
“Sabido es que
España posee un amplio y rico Patrimonio Histórico-Artístico; sin embargo, este
hecho evidente parece que pasa desaparecido para la mayoría de los españoles,
los cuales sólo se acuerdan de él y se “indignan”, cuando leen o escuchan
noticias sobre el robo de obras artísticas y arqueológicas, olvidándose por el
contrario de nuestro patrimonio cuando visitan a un monumento y escriben en sus
paredes, o cuando se dedican a la busca de tesoros y expoliación de yacimientos
arqueológicos, tanto terrestre como submarinos.
Desgraciadamente, nuestro país no se ha salvado del incremento de robos
y expoliaciones por los campos que está invadiendo a todas las naciones, y
aunque son muy pocas las que tienen previsto en sus leyes, en el caso de la
Arqueología, las sanciones pertinentes que sobre este asunto existe.
Por el contrario,
en España, las legislaciones vigentes en esos años citado no contemplaban la
mayoría de las circunstancias que podían dar lugar a la expoliación de nuestro
patrimonio arqueológico y los medios que para ello se utilizan.
La legislación
sobre materia arqueológica es antigua y escasa, y aunque en ella se contempla,
aunque de forma no muy concreta, la defensa del Patrimonio Arqueológico, ésta
no se lleva a cabo con el rigor que la propia ley exige.
Pero quizá, lo más grave es la falta de
atención que la propia Administración del Estado presta a estos problemas,
faltando así al mandamiento constitucional que, en sus artículos 46 y 149,
establece la defensa y conservación del Patrimonio Cultural, Artístico y
Monumental, así como el que la ley penal sancionará los atentados contra este
Patrimonio, en el que está claramente integrado el arqueológico.
Se podrá argumentar
que en el Proyecto de Ley sobre Defensa del Patrimonio Histórico-Artístico 56,
2/f que establece la imposición de multa de hasta diez millones de pesetas para
aquellos que realicen excavaciones o exploraciones clandestinas; sin embargo,
no parece estar muy acorde este artículo con la realidad, cuando se permite la
publicidad de detectores de metales con este objetivo siendo prueba de ello es
el anuncio que reproducimos en un diario de Barcelona hace tan solo poco
tiempo.
Y no sólo es que
el citado proyecto de ley no mencione explícitamente los detectores de metales
destinados a los expolios, sino que las enmiendas que la oposición ha
presentado a este proyecto de ley, tampoco hacen alusión al problema, ni a los
detectores de metales en concreto.
Y si lo expuesto
hasta el momento es grave, por la proliferación de detectores de metales que
está produciendo y que están ocasionando la destrucción de gran número de
yacimientos arqueológicos, (sobre todos en el rebaje y construcción de la
autopista de Huelva a Sevilla.) no menos grave es que la Administración no
cumpla debidamente con sus obligaciones, problema que se acentúa por la falta
de coordinación entre los distintos Ministerios y organismos estatales, lo cual
da lugar a situaciones como la producida en el conjunto dolménico del Pozuelo
(Zalamea la Real), donde las labores de repoblación forestal han dañado, de
forma irreparable, a algunos dólmenes con que se presenten las denuncias de
estos hechos o de otros similares, sino que se persiga y sanciones a los
infractores.
Pero
desgraciadamente, no sólo es que se incumplan las normativas legales, buenas o
malas, actuales o desfasadas que tenemos, sino que tampoco se cumplen los
acuerdos internacionales a los que España se encuentra adherida, como es el
caso del Convenio Europeo para la Protección Arqueológico, que entro en vigor
en España el día 1 de junio de 1975; y ni siquiera se tienen en cuenta las
recomendaciones hechas por la Comisión de Cultura y Educación del Consejo de
Europa (Comisión en la que España tiene dos representantes), que en julio de
1981, se pronunciaba contra los detectores de metales y la publicidad que de
éstos se hace orientada a la búsqueda de tesoros.
Con todo la
anteriormente expuesto no es que queremos pronunciarnos tajantemente contra la
venta de detectores de metales, que pueden ser útiles a la Arqueológica, sino
contra las personas que hacen un mal uso de ellos, uso que en la mayoría de los
casos está encaminado al lucro personal en detrimento del patrimonio de todos
los españoles.
Por todo ello,
nuestro objetivo es llamar la atención de la sociedad y de la Administración, a
todos los niveles, para que se controle la publicidad, venta u uso de los
detectores de metales, para que se actualice y modifique en virtud de las
necesidades y peligros que el Patrimonio español, y concretamente el
arqueológico corre en estos momentos.”
Mientras en
nuestro pueblo, donde hace ya cerca de treinta años atrás cuando el vecino de
este pueblo, Cristóbal Borrero Avilés se encontraba faenando con su tractor las
labores de arado de las tierras de los “Bojeos”, hacen sacar las famosas, artísticas
y valiosas lápidas de los Obispos visigodos, que fueron rescatada y trasladas
por Pepe Gómez, y José María “El Barbero”, donde fueron mantenidas y cuidadas
con sumo cariño, para ser después donadas al Museo Provincial, toda esta gran
labor quedó simplemente en esto. Dando motivo a los técnicos de Arqueología,
que nos encontraríamos antes los restos de una Necrópolis visigoda, junto con
los materiales superficiales, pero ya está, nada de proyecto de excavación.
Tan solo ha
pasado diez años, cuando un arqueólogo de la Universidad de Sevilla, piden los
permisos necesarios para realizar en el suelo del citado campo de los Bojeos, un
proyecto para rastrearlo con un Georradar, donde las ondas electromagnéticas,
detectaron estructuras y muros en imágenes, todo lo necesario para emprender su
excavación, pero aquí quedó, ya que no pudo encontrar los medios económicos
para llevarlo a cabo por la Administración, para luego recurrir al Obispado,
donde les dijeron lo mismo, agradeciendo su interés.
La Junta de
Andalucía, le confirmó que toda en esta Comunidad hay más de 600 yacimientos de
1º orden pendiente de excavación Arqueológica y los Bojeos, es solo una de más.
Por lo que es lo mismo decir que tanto la Historia, como la
Arqueología, no dan los votos necesarios para sus campañas políticas.
José García Díaz.
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